El titular de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión de Consolidación, Evaluación y Seguimiento del Sistema de justicia Penal, Jehú Fernando Vázquez Savín señaló que, recientemente se llevó a cabo la primer etapa del taller “Argumentación de Medidas Cautelares”, esto con la finalidad de preparar a los operadores en esta fase del proceso penal anterior al juicio.

El funcionario indicó que, en esta primera fase del taller se atendió a 28 operadores del Sistema entre jueces, ministerios públicos, defensores e integrantes de la oficina de servicios previos al juicio, por facilitadores de la Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos en México (USAID), en las instalaciones del Centro de Justicia Penal, de la ciudad de La Paz, con el propósito de eficientar y profesionalizar la aplicación de dichas medidas.

“Terminamos el año con un taller sobre Argumentación de Medidas Cautelares; del cual concluyó una primera fase teórica por parte de los instructores de USAID y se estarán observando las audiencias donde participan los operadores que fueron capacitados, posteriormente se darán a conocer las observaciones al respecto”, apuntó.

Explicó además que, una vez concluida la segunda etapa de observación de los servidores públicos, personal del USAID regresará para dar a conocer los resultados de la observación, definir las áreas a fortalecer y dar por concluido este curso.

Vázquez Savín añadió que, una vez que se dictamina la gravedad del delito, el ministerio público solicita al juez que se determine la medida cautelar correspondiente para el imputado con el objetivo de que este, no se evada de la acción de la justicia o que se ponga en riesgo la integridad de la víctima, acción con la cual se garantiza el desarrollo del juicio.

Finalmente, el titular de la dependencia hizo hincapié en que Baja California Sur ha sido catalogada como ejemplo a nivel nacional por la USAID, esto gracias a su rápida atención en la supervisión de obligaciones procesales en libertad, lo cual, es un aliciente para seguir trabajando en la consolidación del Sistema de Justicia Penal, y que este cuente con estructuras y operadores confiables, que coadyuven en la obtención de una justicia pronta y expedita para la ciudadanía.