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Reforma constitucional

El decreto de reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se publicó el 18 de junio de 2008, el cual modifica los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22; las fracciones XXI y XXIII del artículo 73; la fracción VII del artículo 115 y la fracción XIII del apartado B del artículo 123, establece las bases de un nuevo sistema procesal penal acusatorio, adversarial y oral, dejando atrás el tradicional sistema inquisitorio mixto. Esta reforma constituye un cambio histórico en nuestro sistema de justicia penal.

Con base en esto nuestro estado inicio un proceso de implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal, para lo cual en enero de 2013 se publicó el decreto que modifica la constitución política del estado de Baja California Sur, dando base constitucional al nuevo sistema y encausando las reformas legales necesarias para su implementación, derivado de esto en mayo de 2013 se aprobó en el H. Congreso del Estado de B.C.S. el Código Procesal Penal trabajado por la Secretaria Ejecutiva de la Comisión Implementadora del Nuevo Sistema de Justicia Penal en el Estado que establece el procedimiento del nuevo sistema acusatorio a aplicarse en el estado.

El nuevo código procesal penal constituye el eje rector sobre el que habrá de articularse el nuevo sistema, desde la selección y capacitación de los operadores del sistema, los procedimientos administrativos de todas las instituciones operadoras, hasta la construcción de espacios e infraestructura adecuados para el nuevo sistema.

Nuevo Sistema de Justicia Penal

El Nuevo Sistema de Justicia Penal acusatorio, adversarial y oral, es un sistema de reglas, figuras e instituciones que regirá los procesos y procedimientos penales, basado en los principios de oralidad, igualdad, inmediación, publicidad, contradicción, concentración, continuidad y presunción de inocencia.

Las principales ventajas son las siguientes:

  • Respeto y vigilancia de los derechos humanos de la víctima u ofendido y el imputado en todas las etapas del proceso (investigación, intermedia, juicio oral y ejecución de sentencia).
  • Principio de presunción de inocencia, por el cual una persona es inocente hasta que se le demuestre lo contrario, respetando así su integridad jurídica, física y moral.
  • Operadores capacitados y certificados para el desempeño de sus funciones, lo que permite que la investigación de un delito se realice utilizando métodos científicos.
  • Se crea la figura del juez de control, quien vela por los derechos humanos de las personas durante todo el proceso.
  • Se integran mecanismos alternativos de solución de controversias, lo que permite reparar el daño ocasionado por la comisión de un delito sin necesidad de llegar a juicio oral, reservándolo para aquellos asuntos que por su gravedad o complejidad no puedan ser solucionados de esta manera o mediante procedimiento abreviado, permitiendo un mejor desempeño de los servidores públicos y de los recursos.
  • El principio de publicidad hace públicas todas las audiencias permitiendo una mayor transparencia en el proceso de impartición de justicia.
  • El principio de oralidad implica que el proceso se desarrolla a través de audiencias o actuaciones orales, lo cual elimina los amplios expedientes, haciendo más ágil y transparente la impartición de justicia.
  • El principio de inmediación obliga a los jueces a presenciar el desarrollo de todas las audiencias.
  • El principio de contradicción implica que todo argumento y medio de prueba que ofrezca cada una de las partes debe ser sometido al conocimiento y debate de la parte contraria, para que ésta pueda manifestar lo que a sus intereses convenga.
  • Abreviación de los procesos penales como resultado de la existencia de los mecanismos alternativos de solución de controversias, el procedimiento abreviado y los principios de concentración y continuidad.

Como se puede observar, se trata de una reforma integral que exige un cambio de mentalidad de los operadores del sistema, de las instituciones de educación y de los ciudadanos.

El decreto de reforma establece a junio de 2016 como fecha límite para la activación del Nuevo Sistema de Justicia Penal sustituyendo gradualmente al actual sistema penal en todo el territorio nacional.

En el Estado de B.C.S. para cumplir con esta importante encomienda se conformó la Comisión Implementadora del Nuevo Sistema de Justicia Penal.